La compañía sevillana de aviación Air Consul ha presentado dos querellas
contra funcionarios de la Dirección General de Aviación Civil -dependiente
del Ministerio de Fomento- por
no renovarles la licencia de su escuela europea de pilotos. El director
general de la empresa, Roberto Manuel García, acusa a Aviación Civil y al
delegado en Sevilla de Seguridad
en Vuelo, Emilio Mora, de someter a su empresa a una persecución por no
aceptar un presunto chantaje de certificaciones de reparaciones no
realizadas en los aviones. Mora afirma
que ha puesto el caso a disposición de los abogados del Estado.
Air Consul es una pequeña empresa de avia-ción que se implantó en Sevilla
hace dos años y medio con dos aviones y licencia para ejercer como aerotaxi.
Hoy extiende sus actividades
al alquiler de aviones y la enseñanza del pilotaje y otras actividades
aeronáuticas.
Su director general, Roberto Manuel García, asegura que está sufriendo una
persecución que ha dejado su empresa sin licencia para seguir impartiendo
cursos de piloto, azafata y
mecánica de aviones por el hecho de no ceder a lo que considera un chantaje
del delegado en Sevilla de Seguridad en Vuelo, Emilio Mora.
Según García, Mora derivaba las obligatorias revisio-nes de los aparatos de
la empresa al taller de un amigo suyo, taller que García califica como
"inexistente" y considera una
tapadera para que el funcionario público presuntamente cobrase por expedir
el certificado de las reparaciones. García asegura que esta práctica "es
habitual en el espacio aéreo
español y causa numerosos accidentes en aeronaves pero pocos se atreven a
denunciarlo".
Él mismo se sometió al prin-cipio a este sistema hasta que descubrió, según
su versión, una grieta en el tren de aterrizaje de uno de sus aviones que
podía haber costado un
accidente mortal. Entonces pidió licencia para montar su propio taller de
reparaciones, licencia concedida por ins-pectores de la Dirección General de
Aviación Civil de Madrid.
Según García, ése fue el comienzo de la persecución a que dice lo somete
Mora y que lo llevó a una escalada de tensiones que culmina cuando a
principios de 2001 una inspección de
Aviación Civil realizada tanto a Air Consul como a la delegación de
Seguridad en Vuelo -organismo dependiente de Aviación Civil- acaba sin
explicar sus conclusiones.
Retirada de licencia
García presentó querella contra los funcionarios que realizaron la
inspección por falsedad en documento público, prevaricación y tráfico de
influencias. En julio de 2001, además,
los inspectores de Aviación Civil encargados de renovar o retirar la
licencia para la enseñanza de pilotos deciden no renovar la que tenía Air
Consul hasta entonces como Centro
Europeo de Enseñanzas Aeronáuticas; es decir, el permiso para continuar sus
actividades como escuela de pilotos dentro de la categoría reconocida para
toda la UE. Una decisión
que, según García, ha llevado a la compañía a cerrar 2001 con unas ventas de
unos 1,2 millones de euros, en lugar de los tres millones previstos. Air
Consul emplea a 40 personas.
Emilio Mora asegura que "todo el mundo relacionado con la aeronáutica en
Andalucía tiene problemas con Roberto Manuel García".
El delegado de Seguridad en Vuelo en Sevilla afirma que Air Consul sigue
teniendo en marcha su propio taller autorizado y que la renovación de la
licencia para la enseñanza
aeronáutica no depende de la delegación que dirige, sino de los inspectores
designados al efecto, "que son de Valencia y de Santiago de Compostela. Yo
ni siquiera conozco el
informe emitido para no renovarle el permiso por lo que ignoro las causas",
añade. Emilio Mora asegura que ha puesto el asunto en manos de los abogados
del Estado por si tienen a
bien querellarse.
Así las cosas, García movilizó incluso a sus propios alumnos y se concentró
la semana pasada con ellos y sus empleados en Madrid ante el Ministerio de
Fomento, sin conseguir que
nadie les atendiera, pese a que llegó a abordar físicamente a algún alto
funcionario de la Dirección General de Aviación Civil.
El empresario ha dirigido cartas al presidente del Gobierno, José María
Aznar, y al ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, solicitando una
comisión de investigación sobre
su caso en el seno del Gobierno. El Ministerio de Fomento no ha contestado a
los requerimientos de este periódico para que se pronuncie sobre el
conflicto.
El papel de las delegaciones de Aviación Civil
En España, la normativa sobre seguridad en vuelo es una transposición
literal de lo que dicta la norma estadounidense como primera potencia
mundial en materia de investigación en
seguridad aérea.
Los aparatos están obligados a realizar reparaciones periódicas bajo la
responsabilidad de las distintas delegaciones territoriales de Aviación
Civil, llamadas específicamente
delegaciones de Seguridad en Vuelo.
Según el presidente de Air Consul, el problema no existe en las grandes
aerolíneas de pasajeros porque cuentan con sofisticados equipos propios de
inspección y reparación, pero sí
en las aeronaves pequeñas que dependen del dictamen "personal" de los
delegados territoriales de Seguridad en Vuelo.
"Es muy fácil convencer a empresarios agrícolas de que den dinero a cambio
del certificado de reparación que les permite fumigar de nuevo", afirma.
"En la manifestación de Madrid se nos unió espontáneamente un piloto de
helicóptero que fue despedido por negarse a volar en una aparato en mal
estado. A la semana siguiente
murieron dos compañeros suyos en el mismo aparato", cuenta. "Cuando hay un
accidente la culpa se la están echando a los pilotos", añade.
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